Desde sus inicios, las ciudades han surgido mediante concentraciones geográficas y sociales de un producto excedente. La urbanización siempre ha sido, por lo tanto, un fenómeno de clase, ya que los excedentes son extraídos de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su utilización habitualmente radica en pocas manos (Harvey, 1977).
Introducción
La historia del Área Metropolitana de Buenos Aires estuvo atravesada de forma estructural por una tensión profunda entre la expansión económica del centro urbano y la exclusión sistemática de los sectores vulnerables que la sostienen. Esta tensión entre el centro y la periferia se nutrió de relaciones de poder asimétricas en detrimento de los sectores históricamente desprotegidos. A principios de la década de 1930, a partir de la aparición de las primeras Villas de Emergencia, producto del fenómeno de migraciones internas, se gestó progresivamente un discurso de jerarquización del espacio urbano que determinaba quiénes tenían el derecho a habitar la ciudad de Buenos Aires. En términos de Oszlak (1991), el espacio urbano comenzaba a concebirse como una “vidriera del país” donde no tenían lugar aquellos que representaran valores contrarios al orden moral (p. 29), en el cual el derecho a habitarlo es legitimado únicamente por el mercado. La infraestructura urbana, se valdría así del trabajo de aquel que era activamente excluido.
La crisis habitacional llevó a una diversidad de posibles soluciones planteadas por distintos gobiernos; sin embargo, el eje central de todas estas propuestas consistía en la erradicación de las Villas de Emergencia, dejando de lado otras alternativas, entre ellas, la integración urbana.
El Plan de Erradicación de Villas de Emergencia fue prolongado, con mínimas modificaciones desde su primera aplicación en 1964, hasta llegar a su punto más crudo y violento, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La ausencia del estado de derecho, la liberalización de la economía y la necesidad de desarticular a la militancia, llevaron al régimen militar a aplicar en las Villas una doble estrategia represiva: por un lado, la erradicación y el desalojo de los habitantes -con foco principalmente en la ciudad de Buenos Aires pero también en otros grandes centros urbanos del interior del país- se justificaba ante la opinión pública como una solución a la “ocupación ilegal” e insalubre; por el otro, el dispositivo legal de exclusión se complementaba con la represión clandestina, principalmente, de dirigentes militantes villeros.
Nos resulta pertinente plantear la relación causal entre la crisis habitacional provocada por las medidas de erradicación del gobierno militar y el crecimiento poblacional generado en las villas y asentamientos populares del conurbano sur. Precisamente este es el eje principal de nuestro trabajo: analizar el caso de los asentamientos populares constituidos en Solano y Quilmes Oeste a través de la toma de tierras a finales de 1981. Nos interesa abordar cómo la población excluida, logró, mediante la colaboración comunitaria y la participación democrática, sostener activa su defensa en el derecho a habitar en un contexto de enormes retrocesos a sus garantías constitucionales básicas. Para ser consecuentes con el concurso del Depto. de Ciencias Sociales, compartimos la preocupación en torno a la modalidad represiva y la resistencia social en el plano local. A los efectos de comprender este proceso en términos vivenciales, hemos realizado una entrevista de campo a una informante clave: Estela Mary Gutiérrez de 65 años, quien reside en el barrio La Paz[1] desde 1962 y ha participado en el activismo barrial hasta la actualidad, habiendo presenciado en primera mano los eventos de 1981.
A partir de estas premisas, el testimonio de Estela Mary ha resultado ser una fuente oral indispensable para el propósito central de este ensayo, el cual explorará el modo en que las tomas de tierras y la fundación de asentamientos en el sur del conurbano bonaerense constituyeron una práctica colectiva orientada a disputar y materializar el derecho a habitar el espacio urbano, frente al proyecto de despojo y jerarquización territorial impuesto por la dictadura militar. En el aniversario 50 del último golpe de Estado, valga nuestro aporte a la “memoria activa” desde el que nos interpela como universitarios el reciente informe de nuestro Depto. de Ciencias Sociales (UNQ, 2026).
El proceso histórico previo y el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (1977)
La estigmatización de las Villas de Emergencia y sus habitantes se construyó desde la consolidación de las primeras en la década del 30. La creación de ellas se vio fomentada por un modelo nacional de sustitución de importaciones que requería una mano de obra intensiva para sostener el incipiente crecimiento productivo industrial. El desbocado proceso migratorio interno y la incapacidad infraestructural de la ciudad de Buenos Aires para contener a todas las familias que llegaban produjeron las primeras señales de alerta a un problema que requería soluciones. La necesidad de conseguir trabajo en la urbe, sumada a la dificultad para habitarla llevó a los trabajadores a asentarse en los márgenes cercanos a las industrias fabriles de la zona (Cattaruzza, 2009). Durante décadas se construyó “una nueva concepción sobre la jerarquía del espacio urbano, la función de la ciudad y el lugar que debían ocupar en ella los sectores populares. En otras palabras, una novedosa y coherente concepción sobre el derecho al espacio urbano” (Oszlak, p. 29, 1991). Esta delimitación entre quién es merecedor de habitar la ciudad y quien no, construye un modelo de la misma que se sostiene por el producto del trabajo de aquel sujeto que se busca, al mismo tiempo, explotar y ocultar. Estos discursos fomentaban, a su vez, una suerte de repliegue del Estado en su obligación de garantizar el acceso a la vivienda. Los nuevos habitantes de la ciudad no solo debían, en pos de conseguir un trabajo, hacinarse de manera insalubre, ya que carecían de la contención urbana y estatal, sino que progresivamente eran culpabilizados por esto (González Duarte, 2012). En definitiva, el avance progresivo de estos discursos se respaldó en un proyecto de Estado que priorizaba la garantía del derecho de propiedad privada por sobre el derecho al hábitat.
El problema habitacional fue crucial durante décadas, en las cuales distintos gobiernos intentaron ofrecer posibles soluciones. Hacia el año 1964, durante el Gobierno de Arturo Illia, se sancionó la ley 16601 de Plan de vivienda para la Erradicación de Villas de Emergencia (en adelante PEVE), la cual adjudicaba a la Secretaría del Estado de Obras Públicas la construcción de viviendas de una superficie cubierta máxima de 60m2 destinadas exclusivamente a los habitantes de las Villas de Emergencia. La ley contemplaba la entrega de préstamos desde 15 a 30 años de plazo, con un 6% de interés anual para la compra de estas propiedades. En 1968, durante el gobierno de facto de Onganía, el PEVE se profundizó y se introdujo a este la noción de Núcleos Habitacionales Transitorios, aun así, la lógica de financiamiento se mantenía.
Con la vuelta de la democracia, en 1973, desde el Ministerio de Bienestar Social bajo la dirección de López Rega, se creó el “Plan Alborada”. Este se encontraba dentro de un Plan Trienal y pretendía ofrecer una solución al problema habitacional para la población sin capacidad de ahorro, principalmente, los habitantes de las Villas de Emergencia. El Plan Trienal se presentaba como una alternativa novedosa respecto a las medidas de anteriores gobiernos; sin embargo, sus políticas de vivienda supusieron una continuación de las medidas inauguradas durante el régimen dictatorial de Onganía. Suponía, en definitiva, una prolongación del PEVE. El Plan Alborada ignoró las recomendaciones hechas durante el Primer Congreso Nacional de Vivienda (Gagetti, 2017), principalmente las reivindicaciones por parte de los miembros del Movimiento Villero Peronista (en adelante MVP). Las tensiones entre López Rega y el MVP se recrudecieron a partir del replegamiento del Ministerio de Bienestar Social respecto a las necesidades reales de los habitantes de las Villas de Emergencia. El carácter contradictorio del Plan Alborada y la indefinición de sus objetivos le permitió a López Rega reforzar la alianza con el empresariado de la industria de la construcción y subordinar a los opositores sectores sociales villeros (Gagetti, 2017). En el marco de las tensiones internas del movimiento se apeló también a desarticular la militancia de las Villas. Gran parte de esta militancia pasaba no solo por el MVP, sino también por las comunidades eclesiásticas formadas alrededor de la figura de curas tercermundistas. El caso de mayor renombre fue el del Padre Mugica, máximo exponente religioso en la Villa 31, quien fue asesinado en 1974. “Su muerte fue un preanuncio de lo que vendría. Era una figura simbólica y carismática que la oligarquía -que lo consideraba un traidor a su clase- y las fuerzas armadas no podían tolerar viva mientras preparaban el gigantesco genocidio” (Mignone, 1986, p. 214). La desarticulación inicial de la militancia villera y las redes de contención, respaldadas principalmente en la iglesia, operó como un factor que posibilitó la posterior ruptura de las relaciones sociales intra barriales y el desplazamiento de una enorme parte de sus habitantes por fuera de los márgenes de la ciudad.
Hacia 1976, en el marco de la última dictadura cívico militar, la crisis habitacional se había recrudecido. En vísperas del Mundial de Fútbol de 1978, el Régimen militar trazó una serie de políticas y obras públicas con el objetivo de “limpiar” y “modernizar” la ciudad, como expresaban sus funcionarios, entre ellos, el Intendente de facto de CABA, el brigadier Osvaldo Cacciatore. Guillermo del Cioppo, director de la Comisión Municipal de la Vivienda (en adelante CMV), llegó a declarar incluso que “vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que lo merezca, para el que acepte la pauta de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente” (Oszlak, 1991), se delimitaba de esta manera, un ideal del habitante tipo del centro urbano y, a su vez, una caracterización negativa de su periferia. En este contexto, las medidas económicas y urbanísticas del gobierno de facto tendieron a profundizar relaciones asimétricas[2] que no solo habitaban la urbe, sino que además le daban forma, profundizando a su vez la marginación de sectores históricamente vulnerables. Algunas de estas medidas fueron la desregulación de los precios de alquileres, la realización de obras como la construcción de autopistas que requirieron tanto de la toma de deuda externa como de la expropiación de terrenos familiares (Snitcofsky, 2017). Fue así como operó la expulsión urbanística por fuera de los márgenes de la ciudad. El contexto dictatorial profundizó el PEVE, quedando este a cargo de la Comisión Municipal de la Vivienda, sin embargo, las familias fueron desalojadas de manera violenta y sin propuestas de reubicación. El PEVE apeló no sólo a intereses económicos y territoriales, sino también, a la ruptura de lazos sociales y comunitarios construidos por la identidad barrial y la experiencia común. Este tipo de expulsión y represión, hacia el habitante de la villa, era más explícito que la represión relegada al ámbito de la clandestinidad.
Como plantea Snitcofsky (2021), para lograr la ruptura interna en los lazos sociales y avanzar con el plan de erradicación elaborado por la CMV (1980) de forma efectiva, el mismo se estructuró en tres etapas principales. En la etapa inicial, denominada “Congelamiento”, la prioridad residía en confeccionar un diagnóstico exhaustivo sobre cada uno de los asentamientos destinados a la erradicación, labor que demandaba la ejecución de un relevamiento censal. El documento de la CMV presumía que los habitantes de las villas eran dueños de propiedades y que podían tener intenciones de volver. Asimismo, se ordenaba la emisión de un Certificado de Asentamiento Precario (CAP) para cada grupo familiar, donde se incluirían los datos de los habitantes censados. Este debía ser exhibido ante las autoridades militares si así lo requerían para legitimar su circulación en la villa. En la etapa de “Desaliento” se prohibía el desarrollo de la mayor parte de las actividades vinculadas con la vida cotidiana en la villa y se establecía la confiscación de todo producto fabricado o comercializado en este ámbito, como la presencia constante del Personal del Departamento de Vigilancia Interna en el barrio. Finalmente, la etapa de “Erradicación” consignaba que las familias serían citadas a las oficinas de la CMV en villas, para fijar un plazo para la desocupación de sus viviendas y contar con las siguientes alternativas: a) Traslado a terreno propio. b) Retorno al país o provincia de origen. c) Egreso por propios medios. d) Apoyos crediticios.
La crudeza de la expulsión que este proceso evidencia, se ve graficada en la experiencia relatada por nuestra entrevistada Estela Mary Gutiérrez:
«La gente no tenía donde estar, ya las villas estaban repletas […] a estas familias que vinieron y los tiraron con un camión a las 4 de la mañana en el kilómetro 13[3] […] no le dieron un peso; vinieron con el camión, le dejaron todas sus cosas y quedaron ahí y esa gente tuvo que ir a formar un barrio sobre un basural histórico que está más adelante, que hoy se llama barrio 9 de agosto».
Como reconstruye Emilio Mignone (1986) esta metodología violenta inscripta en las políticas de Cacciatore y la CMV ya había sido denunciada en junio de 1978 por el Equipo de Sacerdotes de Villas de la arquidiócesis de Buenos Aires, sin embargo, el Arzobispo Aramburu optó por ignorar los reclamos. Algo que no puede llamar a sorpresa al observar su abierta complicidad con el régimen desde su lugar institucional[4]. Fue así como, a sabiendas del Arzobispo de Buenos Aires, “las 40.000 familias fueron cargadas en camiones, dispersadas y abandonadas, con sus escasos enseres, en terrenos de la provincia de Buenos Aires, donde se reagruparon en peores condiciones que antes” (Mignone, p. 151). Aquella escena de camiones arrojando familias en villas y descampados del conurbano bonaerense constituyó el resultado sistemático de la Erradicación consiguiendo una metrópoli “limpia” y una periferia empobrecida.
Queda claro entonces que el desarrollo del PEVE durante este período resultó en un alto grado de cinismo en el contexto dictatorial, apelando a un proceso de erradicación sin intenciones de una posterior radicación. El despojo y la falta de alternativas implicaron el desplazamiento forzoso, directo e indirecto, de gran parte de los habitantes erradicados al conurbano bonaerense. Se estima entonces, que “en pocas semanas se expulsaron al conurbano a 36.736 familias compuestas por casi 200.000 personas” (Izaguirre y Aristizabal, 1988, p. 5).
Proceso de tomas en Quilmes Oeste/Solano (1981)
Entre agosto y noviembre de 1981, se desarrolló en los partidos de Quilmes y Almirante Brown un proceso de toma de tierras y organización de asentamientos populares que implicó la ocupación de aproximadamente 211 hectáreas por parte de cerca de 20.000 personas (Vommaro, 2007). Este proceso funcionó como una puerta de salida ante la profunda crisis habitacional agravada por las políticas urbanas y espaciales del gobierno de facto, las cuales combinaron la erradicación compulsiva de las villas porteñas con la clausura del mercado del loteo popular tras la sanción del Decreto-Ley 8912/77 en la provincia de Buenos Aires, desarmando los medios tradicionales por los cuales las capas más vulnerables de la sociedad podían acceder a un espacio territorial propio.
Estela Mary nos cuenta que los primeros habitantes que llegaron al barrio de La Paz, entre los que se encontraba su familia, llegaron en la década del 60, accediendo a la compra de los lotes según la normativa anterior al Decreto-Ley 8912/77:
«Te vendían el lotecito, sin servicio, sin nada, las calles no sabes lo que eran… Pero tenías tu lote y lo pagabas a cómodas cuotas, que era para los trabajadores en esa época y después ese tipo de loteo se cambió».
A partir de la reglamentación del gobierno de facto, el tradicional mecanismo de compra en cuotas con libreta quedó desarticulado. Al exigir que todo nuevo parcelamiento contara con infraestructura previa completa (asfalto, agua de red, desagües y tendido eléctrico) antes de su comercialización, el costo del suelo urbano se encareció. Para las familias trabajadoras que buscaban radicarse en los cordones del conurbano bonaerense, esto significó la clausura del único canal formal y accesible que les permitía comprar un terreno y proyectar su vivienda y barrio por autoconstrucción.
En este sentido, se señala que las políticas territoriales, habitacionales y económicas de la dictadura militar funcionaron como una verdadera condición de posibilidad para la emergencia de una nueva modalidad de acceso al hábitat. El cierre definitivo de los loteos populares a partir del marco normativo bonaerense no operó de forma aislada, sino en convergencia con una ofensiva más amplia que incluía la indexación y desregulación del mercado de alquileres, el nuevo Código de Planeamiento de la Capital Federal, y los trazados de autopistas urbanas que derivaron en expropiaciones profundas en barrios populosos, donde los inquilinos fueron los más perjudicados (Vommaro, 2007). Este conjunto de medidas expulsivas profundizó una redistribución forzosa de los sectores populares hacia las periferias metropolitanas, en un marco signado por la caída drástica del salario real, la desindustrialización y el desempleo. Ante la saturación habitacional, la dificultad de recurrir al mercado formal, y el desamparo institucional a los sectores más vulnerables, la vía de resolución individual de la vivienda quedó agotada y la presión colectiva se convierte en el único camino para disputar la localización y el acceso al suelo (Harvey, 1977).
Este es el contexto de abandono estatal que la entrevistada nos describe: “trabajo no había (…) la gente ya no tenía donde estar” y que posibilita el proceso fundacional de toma de tierras y planificación de asentamientos en el conurbano sur en 1981. De este modo y de forma paulatina, se inició la ocupación de terrenos delimitados por los arroyos San Francisco, Las Piedras y la Cañada Gaete. Ello condujo a la consolidación de seis asentamientos organizados desde el planeamiento urbano: La Paz, Santa Rosa, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas (actual 2 de Abril). Dichos barrios contaron con un trazado formal de calles y parcelas, así como con la previsión de espacios destinados al equipamiento comunitario (Aristizábal e Izaguirre, 1988).
Como relata Estela Mary, el proceso desarrollado entre agosto y noviembre se produjo con masiva participación vecinal, recibiendo la ayuda de los habitantes que estaban asentados en La Paz y alrededores antes de las tomas:
«Se ve que se organizaron y nosotros como jóvenes, el padre hizo una reunión, nos pidió que nos acompañáramos, fuimos a acompañar y a ayudar a la gente. Todos fuimos esa noche y las tomas se fueron dando, la más grande fue el 22 de noviembre de 1981, esa fue increíble».
Para comprender el desarrollo de este proyecto colectivo a gran escala, es preciso reconocer la labor de la diócesis de Quilmes, destacada fuertemente por nuestra entrevistada, que al momento de las tomas de tierra tenía 20 años y recuerda vívidamente el involucramiento de la parroquia Nuestra Señora de Itatí y su cura párroco del momento, Raúl Berardo. Antes del golpe de Estado de 1976, a través del Club Barrial Deportivo Martín Fierro, los vecinos de La Paz realizaban obras de infraestructura comunitaria y actividades culturales autogestionadas. Posteriormente, Estela Mary nos describe un abrupto corte en la vida social y comunitaria:
«Y fue triste, o sea, yo puedo ver el reflejo de mi familia con el de mi padre, trabajador, que tenía un entusiasmo con todo eso porque venían del trabajo, se reunían en la semana, trabajaban fin de semana, se juntaban, viste, hacían cosas comunitarias y a él le daba mucha felicidad eso (…) hubo un corte, un corte abrupto y Agarrate Catalina porque si estabas en algún lado te podían llevar».
En este clima de auténtico quiebre emocional, el avance de las CEBs (Comunidades Eclesiásticas de Base) se erige como la salida para la paulatina recomposición de los vínculos comunitarios y la vía de acción para el activismo barrial:
“Encontré por ahí la razón de mi vida en ese tiempo, no la razón de mi vida total, pero digo un lugar en donde uno podía estar, como adolescente. (…) Ahí descubrimos que a través del evangelio se podía hacer cosas también que eran liberadoras, y él (Raúl Berardo) nos propuso trabajar para armar pequeñas comunidades en todos los barrios y llegaba un momento éramos como 400 ya de todos lados (…) la definición era cuando dos o tres estés reunido mi nombre ahí estaré yo”.
El resguardo emocional e institucional que arraigó la recién creada Diócesis de Quilmes, bajo el obispo Jorge Novak, es notoriamente destacada en contraste a la complicidad de otras cúpulas institucionales de la Iglesia Católica Argentina, como analizan Rubén Dri (2011, p. 58) y Emilio Mignone (1986). Para este último se trata del “cristianismo más auténtico de la Iglesia argentina, con participación de la comunidad, apertura teológica, pobreza evangélica y profunda fe.” (1986, p.147). Desde esta perspectiva, la pastoral social diocesana se configuró como una práctica orientada decididamente hacia las periferias, distanciándose de los esquemas eclesiales tradicionales para intervenir directamente en las urgencias del territorio. Al desbordar los marcos habituales de la institución, debió articular esfuerzos con diversos actores comunitarios y organizaciones populares externas a ella. De este modo, la defensa de los derechos humanos impulsada por Novak durante los años dictatoriales no se limitó únicamente al reclamo y acompañamiento frente a las desapariciones y la persecución política, sino que incorporó el acceso a la tierra como un derecho humano y social elemental (Asociación Civil Oikumene, 2021, p. 7).
Este decisivo apoyo y el consejo del cura párroco Raúl Berardo de tomar porciones de tierra, paulatinamente, siguiendo el trazado urbano, consolidó a la instalación de estos asentamientos como una novedad diferenciada de las villas organizadas en torno a los estrechos pasillos. En este escenario marcado, como vimos anteriormente, por la deslegitimación sistemática de sectores populares de las villas de emergencia por parte del gobierno de facto de la Capital Federal, la distinción conceptual entre villa y asentamiento emergió, fundamentalmente, como una estrategia defensiva articulada por los propios pobladores para construir legitimidad social y política (Cravino, 1997). Gracias a este modelo, se dieron formas de organización al interior de los barrios que hicieron frente a la respuesta represiva del Estado autoritario. Ante la imposibilidad de desalojar de inmediato las tierras que habían sido ocupadas y loteadas de forma masiva y planificada, el 1º de diciembre de 1981 se impuso un estricto cerco policial que se prolongó a lo largo de seis meses (Aristizábal e Izaguirre, 1988, p.15). La estrategia militar consistió en aislar por completo a las familias asentadas, impidiendo el ingreso de alimentos básicos, medicinas y materiales para resguardarse de la intemperie, lo que derivó en una grave crisis sanitaria que cobró la vida de varios niños[5] debido a la falta de agua potable y atención médica. Estela Mary rememora la tensión de aquellas jornadas iniciales y las tácticas de resistencia popular:
«Al día siguiente fue espectacular porque vinieron los militares y ya estaba todo armado, no los podían sacar. Hicieron cosas, les prohibían entrar agua, materiales, médicos, hubo chicos que fallecieron, no sé el número. […] Podíamos pasar con la Virgen, podíamos pasar así y más que nada sostener espiritualmente a la gente, emocionalmente. Y ahí se dio una forma organizativa, que era la de delegados por manzana, coordinadores por barrio, una gran organización para defenderse».
La efectividad de esta resistencia se asentó en una modalidad organizativa novedosa que combinó la acción directa con prácticas de democracia participativa y horizontal en el territorio. Bajo este esquema, la manzana operó como la unidad celular de base en la que cada una de ellas deliberaba de forma autónoma y elegía a sus propios delegados y subdelegados manzaneros, quienes luego se articulaban con las comisiones de cada uno de los seis barrios (Vommaro, 2007). Esta estructura permitió burlar la vigilancia policial durante las noches para ingresar víveres a pie y tender redes solidarias, logrando incluso emplazar en la oscuridad la primera bomba comunitaria de agua en el barrio El Tala gracias al aporte de la CGT regional. Desde la defensa externa participaron también 40 profesionales del Colegio de Abogados de Quilmes quienes presentaron un Hábeas Corpus para exigir el levantamiento del cerco (Aristizábal e Izaguirre, 1988).
De este modo, la confrontación contra el cerco terminó consolidando la forma organizativa de los asentamientos como un verdadero movimiento de resistencia cívica, transformando el aislamiento marginalizante por su condición de vulnerabilidad social en una reivindicación popular imposible de ignorar. El dispositivo represivo evidenciado en las medidas habitacionales del gobierno de facto, diseñado para castigar y aislar a los sectores desposeídos y arrojarlos a la periferia, se vio desbordado por la noción de que el acceso al hábitat constituye un derecho social inalienable el cual, en oposición a un proyecto de exclusión social, solo puede ser defendido mediante la recuperación de los lazos comunitarios.
Reflexiones finales
A 50 años del último golpe reflexionamos sobre el proyecto excluyente que signó el accionar del régimen militar desde estrategias represivas tanto explícitas como clandestinas hacia sectores vulnerables y estigmatizados de la sociedad. Este proyecto generado en el marco de un discurso de jerarquización urbana revela una faceta del proyecto autoritario que buscaba la delimitación violenta de quiénes tenían derecho a habitar la centralidad urbana y quiénes debían ser expulsados hacia sus márgenes, en tanto no representaran los valores de orden, equidad, bienestar y pulcritud propios de la gente “decente”, y al contrario, fueran representaciones de deterioro, pobreza y subversión (Oszlak, p. 29). El modus operandi del gobierno militar, en convergencia con el modelo económico neoliberal de Martínez de Hoz, fue llevado a cabo con el objetivo de profundizar la marginación de los sectores empobrecidos y evitar su organización colectiva y autónoma para protestar contra el sistema que los excluye.
En el marco del forzoso desalojo de los habitantes de las villas, carentes de alternativas de radicación, es que en agosto de 1981 se inaugura un proceso de tomas de terrenos en Quilmes Oeste y Solano. Sostenemos entonces que, el desalojo y exclusión de los habitantes de las villas de CABA, con la tarea de modernizar la ciudad y desarticular la resistencia barrial, desembocó en el desplazamiento de estos hacia el Conurbano Bonaerense y en la creación de nuevos asentamientos y el acrecentamiento de los existentes.
Este proceso de desplazamiento del centro a la periferia se sostiene sobre relaciones históricas asimétricas y sobre caracterizaciones estigmatizantes sobre el sujeto indeseable en la ciudad, en definitiva, el sujeto explotado, que sostiene una división social propia de la urbe. En este marco, el relato situado de Estela Mary permite contrastar las normativas urbanísticas expulsivas con la experiencia viva de quienes debieron resistir a la exclusión social en el territorio, visibilizando cómo la recuperación de los lazos comunitarios en un contexto represivo logró perforar el aislamiento disciplinario y transformar la emergencia habitacional en un ejercicio autónomo de organización popular.
Bibliografía
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[1] La Paz (San Francisco Solano) es uno de los seis asentamientos populares formados en el partido de Quilmes, en 1981, como consecuencia del plan de erradicación de villas miseria.
[2] Si bien nuestra mirada prioriza la “asimetría de clase”, no desconoce un enfoque interseccional (género, raza, federalismo vs. porteñismo) con el que se podría retroalimentar la cuestión identitaria. No obstante, consideramos que el mismo escapa a los límites de esta investigación.
[3] Villa histórica ubicada en la localidad de Quilmes Oeste, en las adyacencias de Camino General Belgrano y la calle 808.
[4] Para un análisis más contextualizado y detallado, véase Dri, R. (2011).
[5] En Aristizábal e Izaguirre, 1988 se estima que fueron 14 niños (p. 15).
[I] Jimena Bini: Profesorado y Licenciatura en Historia (UNQ)
[II] Julieta Gil: Profesorado y Licenciatura en Historia (UNQ)