1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar la violencia represiva sistemática desplegada por el Estado argentino entre 1975 y 1983, con especial énfasis en el funcionamiento del dispositivo clandestino en Quilmes y la región sur del Gran Buenos Aires, tomando el marco nacional como contexto para comprender las particularidades locales. Se sostiene la hipótesis según la cual la represión no constituyó un conjunto de hechos aislados ni excesos individuales, sino una política de Estado planificada, coordinada y ejecutada de manera sistemática desde las cúpulas del poder, que en cada territorio adquirió rasgos propios según sus dinámicas sociales, políticas e institucionales.
El recorte temporal propuesto desde el Operativo Independencia de febrero de 1975 hasta el fin de la dictadura en diciembre de 1983 permite comprender que el golpe del 24 de marzo de 1976 no marcó el inicio de la represión, sino su institucionalización y ampliación a escala nacional. Como señala Gabriela Águila (2023), “el Operativo Independencia se convirtió en un ensayo, una experiencia piloto, de lo que se denominó ‘terrorismo de Estado’” (p. 69), modelo que luego se replicó y adaptó en cada región del país[1].
La investigación se nutre de producción historiográfica consolidada, de testimonios de sobrevivientes entre ellos el de Adriana Calvo, Liliana Pozzo, Pilar Calveiro y Juan Carlos Stremi, de documentos oficiales, del informe CONADEP y de relevamientos territoriales específicos. En particular, se apoya en trabajos producidos desde la Universidad Nacional de Quilmes, el Archivo Nacional de la Memoria, la Comisión Provincial por la Memoria y organismos de derechos humanos locales, que permiten dar cuenta de cómo se materializó el terrorismo de Estado en el territorio quilmeño.
Si bien el esquema nacional ha sido ampliamente estudiado, lo local ha permanecido muchas veces en segundo plano. Por ello, este trabajo centra su atención en Quilmes no como un apéndice del proceso nacional, sino como un escenario donde la represión adquirió formas, nombres y rostros propios como el Pozo de Quilmes, Puesto Vasco, los traslados hacia Arana y Banfield, las víctimas de cada barrio, la complicidad de instituciones cercanas. Comprender el todo requiere mirar también sus partes.
2. MARCO GENERAL: TERRORISMO DE ESTADO Y DISPOSITIVO REPRESIVO
2.1. Contexto histórico y doctrina
La década de 1970 en Argentina se caracterizó por una profunda crisis económica, social y política. La movilización popular sindical, estudiantil, barrial y la radicalización política fueron interpretadas por sectores militares, eclesiásticos, empresariales y conservadores como una amenaza existencial al orden social y a la civilización occidental. Luis Alberto Romero (2001) señala que “la crisis de los años setenta fue ante todo una crisis de hegemonía ya que el sistema político perdió su capacidad para integrar y representar a los sectores populares, que buscaron nuevos canales de expresión” (p. 241).
La respuesta a esa crisis no fue azarosa sino que se construyó sobre la Doctrina de Seguridad Nacional, elaborada en Estados Unidos y difundida en América Latina desde la década de 1950, complementada con la doctrina de guerra contrarrevolucionaria de matriz francesa, introducida en la Escuela Superior de Guerra entre 1957 y 1962. Como detalla Águila (2023):
“La difusión de la doctrina de guerra revolucionaria se debió a la actuación de la misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y a la formación de militares argentinos en Francia, mientras que Buenos Aires fue sede, en octubre de 1961, del primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, que reunió a representantes de catorce países” (p. 71).
El corolario fue la redefinición del enemigo, en este sentido ya no un ejército extranjero, sino un enemigo interno, invisible, ubicuo, presente en la universidad, la fábrica, la escuela, la familia. El Reglamento RC-9-1 (agosto de 1975) lo definió como “toda acción clandestina o abierta que busca la alteración o destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo” (Águila, 2023, p. 72). La guerra no era contra un ejército, era contra la sociedad.
2.2. El Operativo Independencia: el primer ensayo
El 5 de febrero de 1975, mediante el Decreto 261[2], se inició el Operativo Independencia en Tucumán. Bajo el mando del general Antonio Bussi, más de 4.000 efectivos militares desplegaron en una zona de 400 km² para “aniquilar” al foco del PRT-ERP. Allí se instaló La Escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino sistemático, donde se ensayó todo el protocolo como el secuestro, encapuchamiento, aislamiento, tortura, desaparición.
Marina Franco (2012) sintetiza su alcance: “lo que se puso a prueba en Tucumán no fue solo una estrategia militar, sino un modelo de dominación política y social que luego se aplicaría en todo el país” (p. 47). Entre febrero y diciembre de 1975 fueron detenidas más de 1.500 personas en esa provincia.
2.3. Institucionalización: decretos y zonificación
El 6 de octubre de 1975, tras el ataque del ERP al Regimiento de Infantería de Monte N.º 29 en Formosa, el gobierno dictó los decretos 2770, 2771 y 2772, conocidos como de aniquilamiento. Extendieron el modelo tucumano a todo el territorio nacional y colocaron a todas las fuerzas de seguridad bajo control operacional de las Fuerzas Armadas. La Directiva Secreta 404/75, firmada por Videla, estableció el orden de prioridades geográficas: Tucumán, Capital Federal y La Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe.
El golpe del 24 de marzo de 1976 consolidó este esquema mediante una estructura territorial jerarquizada de cinco Zonas de Defensa, subdivididas en Subzonas y Áreas. Quilmes quedó incluido en la Zona 1, bajo el I Cuerpo de Ejército, y específicamente en el Área 111, bajo control de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el mando del General Ramón Camps. Esta estructura permitió descentralizar la ejecución manteniendo la unidad de propósito ya que cada zona organizaba sus propios centros, grupos de tareas y circuitos, bajo la misma doctrina y objetivos finales (Mazzei, 2015; Crenzel, 2008).
2.4. Los centros clandestinos: estructura y lógica
Funcionaron unos 600 centros de distinto tamaño y duración en todo el país. Algunos como la ESMA, La Perla, Campo de Mayo son símbolos conocidos; otros, menores y locales, cumplieron funciones igualmente decisivas. Pilar Calveiro (2008), sobreviviente de la ESMA, define su naturaleza:
“El centro clandestino es un espacio de excepción, allí no rige ninguna ley, ningún derecho, ninguna norma. Es un espacio donde todo está permitido, donde la persona deja de ser sujeto para convertirse en objeto: un cuerpo que se tortura, que se viola, que se destruye” (p. 61).
El circuito era el secuestro → traslado encapuchado → interrogatorio bajo tortura → aislamiento → decisión final (traslado a otro centro, desaparición mediante vuelo o entierro como NN, o “blanqueo” a prisión legal). La movilidad entre centros dificultaba el rastreo y borraba huellas. A nivel nacional, el sistema se sostuvo también en leyes de excepción, complicidad judicial y aquiescencia social (Franco, 2012; Calveiro, 2008).
Hasta aquí el marco general. A continuación se desarrolla con detalle central cómo se plasmó todo esto en Quilmes y su región.
3. EL CASO LOCAL: QUILMES Y LA REGIÓN SUR DEL GRAN BUENOS AIRES
3.1. Quilmes dentro del circuito represivo provincial: importancia estratégica del territorio
Quilmes no fue un escenario secundario ni alejado en el diseño del terrorismo de Estado. Con una población que para la década de 1970 superaba los 450.000 habitantes, ocupaba uno de los lugares más dinámicos del sur del Gran Buenos Aires. Su cercanía con la Capital Federal y con La Plata, capital de la provincia, lo convirtió en paso obligado entre el centro del poder nacional y el provincial, pero también en un territorio con una fuerte identidad propia: industrial, obrera, con una tradición de organización sindical y política que lo transformó en un objetivo prioritario para las fuerzas represoras.
Jurisdiccionalmente, el partido quedó incluido en la Zona 1 de Defensa, bajo el mando del I Cuerpo de Ejército, y específicamente en el Área 111, controlada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires al mando del General Ramón Camps. Bajo su dirección se estructuró lo que se conoce como el «Circuito Camps»: una red de 29 centros clandestinos repartidos en nueve partidos del sur del Gran Buenos Aires. Gabriela Águila (2016), investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, señala que este circuito fue uno de los más extensos y activos del interior del país, y que Quilmes funcionó como uno de sus nudos principales por su conectividad y densidad poblacional.
Una característica distintiva de la represión en Quilmes fue que recayó de forma preponderante en fuerzas locales. La Brigada de Investigaciones del partido es en ese momento el centro operativo desde donde se planificaron y ejecutaron secuestros, vigilancias y traslados. Esto imprimió al proceso un rasgo particularmente doloroso ya que en muchos casos, quienes detenían conocían a las víctimas, sabían dónde trabajaban, quiénes eran sus familias, por dónde transitaban. No eran desconocidos que llegaban de noche y eran personas que vivían o trabajaban en el mismo distrito. Como explican Grassi y Sonderéguer (2016), investigadoras de la Universidad Nacional de Quilmes, esta cercanía multiplicó el efecto de miedo y silencio sobre la comunidad, ya que la amenaza no venía de un lugar lejano, sino del propio entorno.
Marina Franco (2012), historiadora de la Universidad de Buenos Aires, agrega que la elección de las fuerzas policiales locales como brazo ejecutor no fue casual ya que se buscaba que la represión pareciera un asunto «de cada lugar», para dificultar que se comprendiera como un sistema nacional coordinado. En Quilmes, esa estrategia funcionó durante mucho tiempo, durante años se habló de «cosas que pasaban en la comisaría» sin advertir que formaban parte de un plan que se aplicaba idéntico en Lanús, en Varela, en La Plata y en toda la región.
3.2. El «Pozo de Quilmes»: origen, estructura y funcionamiento cotidiano
El principal centro clandestino del partido funcionó en el edificio de la Brigada de Investigaciones, en la intersección de las calles Allison Bell y Garibaldi, a apenas dos cuadras de la estación de trenes y a cinco de la Municipalidad. Su ubicación en pleno centro no fue casual porque formó parte de una lógica de visibilidad engañosa, según la cual lo más a la vista era lo menos sospechado. Recibió varios nombres a lo largo de su funcionamiento que son: «Pozo de Quilmes», «Chupadero de Malvinas», «División de Cuatrerismo»[3] y, en su etapa final, «Omega 1979».
El dato más relevante sobre su funcionamiento es su cronología, comenzó a operar en agosto de 1975, es decir, seis meses antes del golpe de Estado, y permaneció activo hasta enero de 1979. Esto demuestra que la infraestructura represiva clandestina se puso en marcha antes de la dictadura, en el marco del gobierno constitucional, como parte de la escalada de persecución que inició con el Operativo Independencia en Tucumán. Emilio Crenzel (2008), investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, señala que muchos centros de la provincia de Buenos Aires comenzaron a funcionar en esa segunda mitad de 1975, lo que confirma que el golpe de marzo de 1976 no instaló la represión, sino que la amplió y la protegió bajo un régimen sin libertades.
Por fuera, el edificio tenía la apariencia de cualquier dependencia policial, tenía rejas, patrulleros, personal uniformado. Nadie que pasaba podía imaginar lo que ocurría en el subsuelo. Allí, en un espacio completamente aislado, se encontraban las celdas. Los sobrevivientes describen que el ingreso se hacía por un portón de hierro pesado que corría sobre rieles, se estacionaba el vehículo en un espacio techado y luego se descendía por una escalera angosta y oscura. Las celdas eran diminutas, en algunos casos de menos de un metro de ancho, sin ventanas ni luz natural. La humedad era permanente, el frío intenso y el ruido de los trenes cercanos servía a veces como única referencia del paso del tiempo.
Las personas permanecían encapuchadas las 24 horas del día. No podían verse, no podían hablar, no podían saber quién estaba al lado. Dormían sobre colchonetas sucias en el piso, sin cambiarse de ropa ni bañarse durante semanas o meses. La comida era escasa y de mala calidad. No se les permitía pedir agua ni hacer ruido. Cualquier movimiento podía ser castigado con golpes o con aislamiento más estricto. Pilar Calveiro (2008), sobreviviente e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que este tipo de encierro no buscaba solo mantener presas a las personas, sino destruir su identidad y borrar su nombre, su rostro, su voz, para convertirlas en un número que podía desaparecer sin dejar rastro.
Se estima que por el Pozo de Quilmes pasaron al menos 251 personas[4]. Podía albergar a entre 30 y 40 detenidos de forma simultánea, pero la rotación era alta ya que algunos permanecían horas, otros meses. Allí se definía el destino de cada uno por que quienes eran considerados «recuperables» pasaban a comisarías visibles y luego a cárceles legales; quienes no daban la información esperada o eran considerados «peligrosos» eran trasladados a centros más duros como Arana; y quienes ya no eran necesarios simplemente desaparecían, eran sacados de noche, subidos a vehículos sin patente y nunca más se sabía de ellos.
Entre los detenidos hubo más de 30 personas de nacionalidad extranjera, principalmente uruguayos, paraguayos y chilenos. Esto confirma que el Pozo no fue un asunto local, sino un eslabón de la Operación Cóndor, la red de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Represores de Uruguay, Chile y Paraguay viajaban personalmente a Quilmes para interrogar a sus connacionales detenidos allí. Daniel Mazzei (2015), investigador de la Universidad Nacional de La Plata, señala que la provincia de Buenos Aires fue uno de los territorios donde más se advirtió esta cooperación transnacional, por la cantidad de personas de países vecinos que fueron vistas por última vez en centros como el de Quilmes.
También se tiene constancia de al menos siete mujeres embarazadas que estuvieron detenidas en el Pozo. Como no contaba con instalaciones médicas, cuando se aproximaba el parto eran trasladadas al centro clandestino de Banfield. Allí nacieron varios bebés en condiciones de encierro, sin atención sanitaria adecuada. En varios casos, esos niños y niñas no fueron devueltos a sus familias, sino entregados a personas vinculadas a las fuerzas represoras. Esto conecta directamente lo ocurrido en Quilmes con el delito sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, que la justicia argentina ha documentado de forma extensa[5].
3.3. «Puesto Vasco» / Don Bosco: la casa que ocultó el horror
Además del Pozo, funcionó un segundo centro clandestino en la zona de Don Bosco, sobre la calle Pilcomayo. Se lo conoció como «Puesto Vasco», «Casita de Hudson» o «Centro de Operaciones Tácticas N.º 1». Operó desde mediados de 1976 hasta principios de 1977. A diferencia del primero, no era una dependencia oficial sino que era una vivienda particular alquilada para ese fin, con jardín al frente, cortinas en las ventanas, apariencia de hogar común. Por eso pasó desapercibida para sus propios vecinos durante mucho tiempo. Como señalan Grassi y Sonderéguer (2016): «Lo más aterrador no era que funcionara en una casa, sino que nadie notara nada. La normalidad de afuera ocultaba el horror de adentro» (p. 44).
Su función era distinta a la del Pozo, no era un centro de larga estadía, sino de tránsito breve. Personas secuestradas en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui eran llevadas allí por unos días o un par de semanas, antes de ser distribuidas a centros mayores. Su tamaño más reducido y su carácter de vivienda le daban mayor discreción. Entre las personas que estuvieron detenidas allí se encuentra el periodista Jacobo Timerman, lo que demuestra que también se usó para retener a figuras públicas de relevancia nacional.
El inmueble fue identificado por sobrevivientes recién en la década de 2000. Tras años de gestiones, fue reconocido oficialmente como Sitio de Memoria. Hoy forma parte del recorrido histórico del partido y se realizan visitas guiadas, actos conmemorativos y talleres escolares. El lugar que sirvió para ocultar personas se ha convertido en espacio de encuentro y transmisión de derechos humanos.
3.4. El circuito regional: Quilmes como nudo de conexión
La represión no respetó límites municipales. Quilmes formó parte de una red en la que participaron de forma integrada Lanús, Lomas de Zamora, Berazategui, Florencio Varela y La Plata. Los mismos grupos de tareas operaban en varios partidos al mismo tiempo, secuestraban en un lugar, interrogaban en otro y trasladaban a un tercero, dificultando que las familias pudieran rastrear a sus seres queridos. Esto quedó confirmado en el juicio oral contra las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús[6], realizado entre 2021 y 2022, donde se probó que no actuaban por separado, sino como una sola estructura criminal coordinada.
El Pozo de Banfield funcionaba en estrecha conexión con el de Quilmes. Recibía a detenidos para traslados definitivos y, especialmente, a las mujeres embarazadas que daban a luz en cautiverio. El centro de Arana, ubicado en el límite entre Berazategui y La Plata, era el destino de quienes requerían interrogatorios más intensos. Sobrevivientes coinciden en que las condiciones allí eran especialmente duras, y que muchos de los que iban desde Quilmes nunca regresaron.
En Florencio Varela, partido limítrofe con Quilmes, la represión golpeó con particular fuerza a los sectores fabriles. La zona contaba con importantes establecimientos industriales donde existía una fuerte tradición sindical. Muchos delegados y trabajadores activos fueron blancos de secuestros que luego se vincularon con la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Ñañez (2015), investigador de la Universidad Nacional de La Plata, señala que en esta zona la persecución se orientó de forma deliberada a quienes organizaban a sus compañeros en las fábricas, y que en muchos casos los propios empresarios entregaron listas de personas consideradas «conflictivas» a las fuerzas de seguridad.
3.5. Las víctimas: rostros de una comunidad que fue herida
El relevamiento realizado por el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes, junto con la Municipalidad y la Universidad Nacional de Quilmes, ha identificado hasta la fecha 389 personas desaparecidas o asesinadas vinculadas al partido. No todas nacieron aquí, pero todas mantuvieron un vínculo vital con el lugar: vivieron, estudiaron, trabajaron, militaron, fueron secuestradas o inhumadas en Quilmes. Se trata de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes y de escuelas secundarias del partido, obreros de fábricas de Bernal y Quilmes Oeste, docentes, profesionales, empleados, militantes barriales y sindicales.
La mayoría tenía entre 18 y 30 años. Muchos participaban en actividades solidarias, en centros vecinales, en organizaciones políticas o gremiales. No eran personas ajenas, eran quienes compartían el viaje del tren, compraban en el comercio del barrio, jugaban en las plazas locales. Recuperar sus nombres no es solo un acto administrativo, es devolverles la presencia que quisieron borrar.
3.6. Complicidades locales: el aporte del propio territorio
El funcionamiento del Pozo y de Puesto Vasco no habría sido posible sin el apoyo o el silencio de sectores del propio Quilmes. La policía local fue el brazo ejecutor directo, pero contó con la aquiescencia de autoridades municipales, sectores empresariales, religiosos y parte de la sociedad. En algunos casos, fueron vecinos quienes denunciaron o señalaron a otros; en muchos más, fue el silencio o no preguntar, no mirar, no saber.
Carlos Altamirano (2004), historiador de la Universidad Nacional de Quilmes, señala que en el análisis de la dictadura suele ponerse el foco en las cúpulas militares, pero que sin el respaldo o la indiferencia de amplios sectores de la sociedad, el régimen no habría podido sostenerse durante siete años. En Quilmes, como en tantos otros lugares, hubo quienes abrieron las puertas y quienes simplemente no las cerraron. Reconocerlo es parte de comprender lo ocurrido.
3.7. Del olvido a la memoria: el Sitio de Memoria del Pozo de Quilmes
El edificio donde funcionó el Pozo continuó operando como dependencia policial durante más de veinte años después del retorno de la democracia. No hubo placas, ni actos, ni reconocimiento oficial durante décadas. Recién en 2017, tras años de lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, fue declarado Sitio de Memoria.
Hoy el lugar abre sus puertas a la comunidad. Se realizan visitas guiadas dirigidas por sobrevivientes y familiares, donde se recorre el subsuelo y se cuenta lo que allí ocurrió. Estudiantes de escuelas locales y de la Universidad Nacional de Quilmes participan en talleres y actividades de memoria. El edificio que sirvió para ocultar dolor se ha transformado en espacio de enseñanza sobre democracia y derechos humanos. Como señaló la profesora Lucía Abbattista en la ceremonia de apertura: «Recordar no es solo mirar hacia atrás. Es construir el tipo de sociedad en la que queremos vivir» (Discurso inaugural, 2017).
4. EL TESTIMONIO: LA EXPERIENCIA HUMANA EN EL SISTEMA REPRESIVO
4.1. El secuestro: la irrupción del terror en la vida cotidiana
Adriana Calvo fue secuestrada el 23 de febrero de 1977 en su domicilio de la ciudad de La Plata, cuando tenía 29 años y estaba embarazada de siete meses. Junto a ella fueron llevados su esposo, Carlos Alberto Sachou, y sus dos hijos pequeños, de 4 y 6 años. En su testimonio ante la CONADEP y posteriormente ante los tribunales, relató el momento exacto:
«Eran las tres de la mañana. Escuché ruidos en la puerta, golpes fuertes que hacían caer todo. Entraron encapuchados, con armas largas, de civil. Me tiraron contra la pared, me vendaron los ojos, me ataron las manos atrás. Me preguntaban por nombres, por reuniones, por gente que yo ni conocía. Me pegaron. No les importó que estuviera embarazada. Me dijeron: ‘no te hagas la tonta, sabemos todo'» (Calvo, s.f., p. 1).
El operativo no fue aislado: formó parte de la misma lógica que actuaba en Quilmes, Lanús y Arana. Como señala el informe del juicio «Brigadas Banfield-Quilmes-Lanús», los grupos de tareas que operaban en La Plata compartían estructura, personal y métodos con los de Quilmes (UNLP, 2023). La violencia ejercida sobre Adriana no fue un hecho individual sino que fue la misma violencia que golpeó las puertas de cientos de familias en el partido vecino.
4.2. El circuito del cautiverio: de La Plata a la red regional
Tras el secuestro, fue llevada primero a «El Atelier», un centro clandestino de detención en la ciudad de La Plata, y posteriormente trasladada a la Comisaría 5.ª de La Plata. Allí permaneció durante el resto de su embarazo. Su recorrido ilustra cómo funcionaba la red que vinculaba La Plata con Quilmes, Arana y Banfield:
«Nadie te decía a dónde te llevaban. Te subían a un auto, te tiraban en el piso, te tapaban. Escuchaba los ruidos: el tren, el asfalto, los camiones. Después supe que esos mismos autos iban y venían de La Plata a Quilmes, de Quilmes a Arana, de Arana a Banfield. Era una red, todo conectado, nadie sabía dónde empezaba ni dónde terminaba» (Calvo, testimonio recogido en Crenzel, 2008, p. 89).
Adriana relató que compartió cautiverio con personas que habían sido detenidas en Quilmes y trasladadas a La Plata, y que escuchó nombrar al «Pozo de Quilmes» como un lugar de paso frecuente:
«Oí hablar de un lugar al que llamaban ‘el pozo’. Decían que estaba cerca, que pasaban gente de un lado a otro. No sabía que era Quilmes, no sabía nada. Solo escuchaba: ‘lo van a llevar al pozo’, ‘vino del pozo’. Así me di cuenta de que había muchos lugares, no uno solo» (Calvo, citada en Grassi y Sonderéguer, 2016, p. 52).
4.3. Dar a luz en la oscuridad: el parto en cautiverio
El 28 de abril de 1977, sin atención médica, sin higiene, sin condiciones mínimas, dio a luz a su hija María Eva. El relato de ese momento expone con brutalidad hasta dónde llegó la negación de derechos humanos.
«Me dolía todo. Pedí que me llevaran a un hospital. Me dijeron que no, que allá me las arreglara. Di a luz en el piso, sobre una manta sucia, con la venda en los ojos, sin que nadie me ayudara. Otra detenida, que tampoco era médica, me ayudó a cortar el cordón con unas tijeras sucias. No me dejaron ver a mi hija. La llevaron y me la devolvieron envuelta en algo que no era ropa. No sabía si estaba bien, si era niña o varón, si viviría» (Calvo, s.f., p. 3).
Su caso no fue excepcional. Como se señaló en el capítulo anterior, al menos siete mujeres embarazadas estuvieron detenidas en el Pozo de Quilmes y trasladadas al Pozo de Banfield para dar a luz. La experiencia de Adriana confirma que esto no fue casualidad, sino un patrón sistemático:
«Después supe que no fui la única. Que en otros lugares, en Banfield, en Quilmes, en Arana, pasó lo mismo. Nos separaban de nuestros hijos, no nos dejaban nombrarlos, no nos dejaban amarlos. Era como si quisieran borrar todo, incluso el derecho a ser madre» (Calvo, declaración ante la CONADEP, 1984).
4.4. La desaparición como sistema: lo que el testimonio revela sobre el funcionamiento represivo
El relato de Adriana Calvo permite comprender que la desaparición forzada no fue un acto aislado, sino un mecanismo planificado que atravesó fronteras partidarias. Sobre la lógica del sistema, señaló:
«No importaba dónde te agarraban. Si era en La Plata, en Quilmes, en Varela, en cualquier lado: te metían en la misma red. Te movían de un lado a otro para que nadie te encontrara. Para que ni tu familia supiera si estabas viva. Esa era la trampa: moverte siempre, desaparecer en el trayecto» (Calvo, entrevista en Página 12, 2004).
Pilar Calveiro, sobreviviente y teórica del fenómeno, vincula experiencias como la de Adriana con la naturaleza del terrorismo de Estado:
«El sistema no necesitaba matar a todos inmediatamente. Bastaba con hacerlos desaparecer: borrar su rastro, cortar sus vínculos, moverlos de centro en centro. La incertidumbre era también tortura. Y esa red se extendía por toda la región: Quilmes era un eslabón indispensable» (Calveiro, 2008, p. 72).
4.5. Del silencio a la palabra: el testimonio como recuperación histórica
Adriana fue «blanqueada» en octubre de 1977 y trasladada a la cárcel de Villa Devoto, donde permaneció sin juicio hasta diciembre de 1979. Su liberación no significó el fin del impacto:
«Cuando salí, me dijeron: ‘olvidá todo, seguí tu vida’. Pero no se puede olvidar. No se puede olvidar que tu hija nació en el piso de una comisaría. No se puede olvidar que hay gente que no volvió. Y no se puede callar que todo eso pasó acá, cerca de nuestras casas, en lugares que pasamos todos los días» (Calvo, discurso en la UNLP, 2010).
Su testimonio es especialmente valioso para el caso de Quilmes porque conecta la experiencia individual con la estructura regional. Como señalan Grassi y Sonderéguer: «La voz de Adriana Calvo nos recuerda que lo que ocurrió en el Pozo de Quilmes no fue algo lejano a la gente de La Plata, ni a la de Varela, ni a la de Berazategui. Fue lo mismo. La misma mano, el mismo miedo, la misma oscuridad. Su historia es la historia de todos los que cayeron en esa red» (2016, p. 53).
4.6 .Conectando los hilos: Quilmes dentro del mismo circuito
Al comparar el recorrido de Adriana con lo documentado sobre el Pozo de Quilmes y Puesto Vasco, se confirma que formaron parte de un único sistema.
– Los mismos grupos de tareas operaban en La Plata y Quilmes
– Los traslados entre centros eran constantes y sin registro
– El método de secuestro, aislamiento y tortura era idéntico
– Las mujeres embarazadas eran trasladadas entre centros según las mismas pautas
– La mayoría de las personas trasladadas de un centro a otro nunca fueron vistas nuevamente
«No había un ‘centro principal’ y otros secundarios. Había un solo sistema con muchas puertas. Quilmes fue una de esas puertas. Entrabas por allá y ya no sabías por cuál ibas a salir, ni si salías» (Calvo, citada en Águila, 2023, p. 121).
5. CONCLUSIONES
La violencia represiva desplegada entre 1975 y 1983 fue, en primer lugar, una política de Estado planificada desde las cúpulas, doctrinada desde instituciones militares, financiada con recursos públicos, y ejecutada de manera coordinada en todo el territorio nacional. El Operativo Independencia fue el ensayo; los decretos de aniquilamiento, la institucionalización; el golpe de 1976, la ampliación; y la red de centros clandestinos, el corazón del sistema.
Sin embargo, como se ha desarrollado extensamente en este trabajo, el plan nacional no se aplicó de forma uniforme ni anónima. Cada territorio lo interpretó, lo ejecutó y lo vivió a su manera. El Pozo de Quilmes funcionó desde antes del golpe, demostrando que la represión comenzó antes de 1976. Por él pasaron unas 250 personas, incluidos ciudadanos extranjeros en el marco de la Operación Cóndor. Puesto Vasco operó como centro de detención temporal en Don Bosco, vinculando a víctimas de varios municipios. Casi 400 personas del partido fueron desaparecidas o asesinadas como jóvenes, obreros, estudiantes, vecinos cuyos nombres hoy empiezan a recuperarse. La represión contó con complicidades locales como la policía del lugar, autoridades, sectores sociales que callaron o denunciaron. No fue algo que vino de afuera ya que se hizo aquí.
El circuito regional conectó Quilmes con Arana, Banfield, Lanús, Varela y La Plata. Nadie estaba aislado; todos formaban parte de una red mayor. Comprender este pasado no consiste solo en memorizar fechas y nombres de grandes centros nacionales. Consiste en mirar el propio suelo, la calle Allison Bell donde funcionó el Pozo, la casa de Pilcomayo en Don Bosco, la plaza donde secuestraron a José Martín Amigo, la escuela donde estudiaron jóvenes que no volvieron. Como señala Emilio Crenzel (2008): “el estudio de la represión debe permitirnos comprender qué tipo de sociedad queremos construir para que nada de esto vuelva a ocurrir” (p. 142).
Esa comprensión comienza por reconocer que la historia del terrorismo de Estado es también la historia de cada barrio, cada ciudad y cada comunidad. Y en ese reconocimiento, la Universidad Nacional de Quilmes tiene un lugar central que es el de recuperar la memoria del territorio que la alberga, investigar con rigor, publicar con libertad y formar a las nuevas generaciones para que sepan, recuerden y defiendan la democracia.
Los nombres que aparecen en estas páginas no son un listado frío. Son personas que vivieron, amaron, soñaron y lucharon en este suelo. Recordarlos es el primer paso para honrarlos. El segundo es construir un país donde nunca más nadie desaparezca por pensar distinto. Esa es la deuda y la promesa.
AGRADECIMIENTOS
Deseo expresar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización de esta investigación.
A la Universidad Nacional de Quilmes, por brindarme el espacio, los recursos y la formación para desarrollar este trabajo, así como a los docentes de la Licenciatura en Historia por sus enseñanzas y su compromiso con la educación pública.
Un reconocimiento especial a la profesora Lucia Abbattista, de la Universidad Nacional de Quilmes, por facilitarme el acceso a documentos históricos primarios que enriquecieron de manera fundamental el desarrollo de este trabajo.
A los autores e investigadores cuyas obras y producciones académicas constituyeron la base de este estudio, especialmente a Gabriela Aguila, Marina Franco, Pilar Calveiro y Emilio Crenzel, cuyo trabajo ha sido fundamental para comprender este periodo histórico.
A “Adriana Calvo”, por su valentía al compartir su testimonio, fuente indispensable de esta investigación.
A todos los sobrevivientes y organismos de derechos humanos, por su lucha incesante por la memoria, la verdad y la justicia.
A quienes con sus lecturas, sugerencias y apoyo acompañaron el proceso de escritura.
Este trabajo está dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado, a los desaparecidos y a sus familiares, con el compromiso de que la historia sirva para que nunca más se repitan hechos de violencia y represión en nuestra patria.
BIBLIOGRAFÍA
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[1] Este concepto de «experiencia piloto» ha sido desarrollado por diversos autores para señalar que las prácticas ensayadas en Tucumán no fueron aisladas, sino que constituyeron el modelo que luego se generalizó en todo el país. Sobre la base documental y testimonial que lo sustenta, véase también Crenzel, E. (2008), pp. 45-52.
[2] El Decreto N.º 261/1975, firmado por la presidenta María Estela Martínez de Perón, estableció el primer ensayo de represión sistemática en Tucumán, modelo que luego se aplicó en todo el territorio nacional.
[3] La denominación «División de Cuatrerismo» fue un nombre encubridor que permitió ocultar la verdadera función del centro ante organigramas y visitas externas.
[4] La cifra de 251 personas es un mínimo confirmado por cotejo de fuentes; el número real podría ser mayor dado que no todos los casos han sido documentados.
[5] La apropiación de hijos nacidos en cautiverio, vinculada a los traslados desde este centro, ha sido reconocida por la justicia como delito de lesa humanidad.
[6] El juicio de 2021–2022 demostró que las brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús actuaban como una sola red, moviendo detenidos entre los tres partidos para dificultar su búsqueda.
[I] Víctor Molina: Licenciatura en Historia (UNQ).